Antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera formalmente como jefe del Ejecutivo, ya actuaba como Presidente, y fue en ese carácter que tomó la decisión de cancelar la mayor obra de infraestructura hasta entonces. Así como Carlos Salinas comenzó su sexenio con el arresto del líder sindical petrolero La Quina, López Obrador mandó una señal política potente con la cancelación del aeropuerto de Texcoco que tuvo un costo económico de más de 430 mil millones de pesos, de acuerdo con los cálculos del primer secretario de Hacienda de esta administración, que fue Carlos Urzúa.
MAGNITUD
Ahora estamos ante el comienzo de una nueva administración, que estará marcada por las reformas constitucionales que pueden empequeñecer el impacto económico de la cancelación de Texcoco, porque degradarían la estructura económica del país. En estos últimos días hemos visto a distintos actores económicos pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial, y al propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y al de Canadá, Graeme Clark, así como a organizaciones del sector privado nacionales e internacionales.
EL DAÑO A LA INVERSIÓN
Los señalamientos de las organizaciones del sector privado fueron muy generales en términos de advertir los riesgos que, sin duda, son graves. Sin embargo, uno de los planteamientos más puntuales y constructivos fue el de las Empresas Globales, que representan 10% de la economía del país, así como ocho millones de fuentes de trabajo. El punto fundamental que tocaron las Empresas Globales fue la petición de garantía que se refiere a que: “No se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión”. Sin un contrapeso jurídico ante acciones del gobierno, el atractivo de México se degrada de manera significativa, dado que muchos corporativos optarán por invertir en lugares donde tengan mecanismos más robustos en el aparato de justicia ante acciones arbitrarias que pueda tomar el gobierno.
EL DAÑO A LA SEGURIDAD
En las elecciones de 2024 fueron asesinados más de 30 candidatos a puestos de elección popular. Además, en muchas zonas del país, las organizaciones del crimen organizado impusieron a sus candidatos. Abrir la elección de jueces y magistrados es ampliar la puerta mediante la cual el crimen organizado influye en el Poder Judicial a un nivel sin precedentes, que será muy difícil de revertir si es aprobado en los términos que está planteado. El impacto económico que hoy tiene el crimen organizado ya incide como un elemento permanente en la formación de precios y en los sobrecostos que pagan los habitantes de muchas zonas del país, con la reforma este impacto se amplificará.
ESCENARIO
No es realista pensar que, ante la presión que han generado distintos actores internacionales y nacionales, el presidente López Obrador se vaya a retractar. A diferencia de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se pueden calibrar las reformas; para ello, se tienen que promover puntos específicos para recorrer ese camino. Las reformas impactarán políticamente a Claudia Sheinbaum y marcarán su sexenio. Para ella debe ser vital tener la oportunidad de tomar sus propias decisiones, y para esto se requiere ampliar los plazos, por lo que ésa debe ser la demanda de los organismos nacionales e internacionales. Más tiempo en su discusión, menos urgencia en su aprobación.